Objetivo: Identificar los aspectos demográficos y socioeconómicos de mujeres en situación de violencia conyugal. Método: Se trata de un estudio descriptivo y cuantitativo, vinculado a un proyecto de investigación-acción financiado por la Fundación de Amparo a las Pesquisas del Estado de Bahía. Se realizó un estudio documental a partir de las informaciones contenidas en 212 procesos registrados en 2014 sub la jurisprudencia de la 1ª Vara de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Salvador. El análisis de los datos se efectuó por medio de las distribuciones de frecuencias. Resultado: La investigación de los procesos registrados en 2014 reveló que la denuncia de violencia conyugal, es realizada mayoritariamente por mujeres con edad entre 25 y 49 años, negras, solteras, madres, con por lo menos, la enseñanza media concluida y que ganaban hasta dos salarios mínimos. Discusión: Se deben realizar acciones para que ese perfil de mujeres, ya sensibilizadas a romper con la violencia, no desista de luchar por una vida libre de violencia.
Descriptores: Factores Socioeconómicos; Violencia Contra la Mujer; Salud Pública.
La violencia contra la mujer, especialmente la que acontece en la relación conyugal, es un grave problema de salud pública. Estudios internacionales revelan: siete de cada diez mujeres serán golpeadas, violadas, abusadas o mutiladas por lo menos una vez durante su vida(1).
Independientemente de las formas de expresión, experimentar la violencia enferma a las mujeres: estudios señalan que hay una asociación con problemas gastrointestinales y circulatorios, dolores y tensiones musculares, enfermedades sexualmente transmisibles, embarazo indeseado y aborto espontáneo(2). Además de esas manifestaciones físicas, diversos factores evidencian el daño psicológico. Entre ellos, se destacan: ansiedad, aislamiento del convivio social, miedo, baja autoestima, estrés postraumático, ideas suicidas e intenciones de suicidio(2).
A pesar de las implicaciones en la salud física y mental, es evidente la dificultad para identificar este problema en los diversos escenarios de la salud, principalmente en el ámbito de la Atención Primaria a la Salud (APS), al que las mujeres recurren con quejas clínicas comunes, como, por ejemplo, cefalea y dolor epigástrica, y donde los profesionales de la salud, raramente, las relacionan a la violencia. Corroborando, estudiosas(2) creen que esta dificultad de reconocimiento contribuye para la invisibilidad del fenómeno en los servicios de la salud, principalmente, cuando no se vincula la agresión física.
Esa invisibilidad se basa en la desigualdad entre los géneros, históricamente construida y reproducida, lo que nos permite comprender el sigilo que permea la violencia contra la mujer y la dificultad de los profesionales de la salud para identificar el problema. Por esto, se nota la necesidad de una preparación profesional durante la formación académica y/o en servicio, para que ellos puedan reconocer mejor la violencia doméstica como agravamiento asociado a los problemas de salud manifestados por las mujeres.
En este sentido, los profesionales que integran la Estrategia Salud de la Familia (ESF), con destaque para la enfermería, por integrar los equipos de referencia y por ocupar cargos de gestión en las unidades, se encuentran en posición estratégica para identificar las posibles víctimas y para articular los servicios de salud con las instituciones de apoyo a las víctimas, para constituir una red de intervención, tanto para la prevención como para la asistencia al daño instalado(2). La relevancia del profesional de enfermería se corrobora, por un estudio realizado en Jordania con 125 enfermeros, que defiende la creación de estrategias (por ejemplo, enseñanza y formación adecuadas para dichos profesionales) como una forma de aumentar, en los servicios de salud(3), el triaje de mujeres víctimas de violencia.
Delante de la importancia de una mirada sensible para la sospecha y para la investigación de la experiencia de violencia como agravamiento a la salud femenina, se considera que el conocimiento sobre las características más frecuentes presentadas por mujeres con historia de violencia subsidiará, teóricamente, el proceso de formación profesional. Para ello, se pregunta: ¿Cómo se caracterizan las mujeres en situación de violencia conyugal?
Se delineó como objeto de estudio: mujeres en situación de violencia conyugal; y como objetivo general: identificar los aspectos demográficos y socioeconómicos de mujeres en situación de violencia conyugal.
Se trata de un estudio documental, de carácter descriptivo(4), con abordaje cuantitativo, vinculado a la investigación-acción titulada “Reeducación de hombres y mujeres envueltos en proceso criminal: estrategia de enfrentamiento de la violencia conyugal”, financiado por la Fundación de Amparo a las pesquisas del Estado de Bahía (FAPESB).
El estudio se realizó a partir de la consulta de procesos de violencia conyugal registrados de enero a diciembre de 2014, sub la jurisprudencia de la 1ª Vara de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Salvador, Bahía, Brasil. En general, las denuncias relacionadas a la violencia contra la mujer ocurren en las comisarías especializadas en la atención a la mujer y después de concluida la investigación, el resultado es encaminado para el judiciario. Inicialmente, el juez de la Vara Especializada de Violencia Doméstica analiza este resultado y en seguida, el Ministerio Público lo analiza (responsable por el ofrecimiento de la denuncia formal contra el acusado).
A pesar del porcentual menor, la comunicación del crimen puede ser realizada en comisarías comunes o directamente en el Ministerio Público, el cual incluso, puede ofrecer denuncia sin la abertura de investigación si la que comunica el hecho, presenta un mínimo de pruebas que demuestre la ocurrencia de un hecho criminoso. Cuanto a los casos envolviendo menores, vale destacar que la comunicación se puede realizar en las comisarías de protección al niño y al adolescente, y el proceso, a su vez, tramitará junto a la Vara de Violencia Doméstica y Familiar.
En el 2014, fueron registrados 252 procesos. Entre ellos, 212 mencionaban la violencia conyugal. Los demás se relacionaban a otras formas de violencia que envolvían cuestiones de género en el ámbito de la familia. Para recolectar los datos, se elaboró un instrumento estructurado basándose en un formulario institucional que contienen datos referentes a la mujer y a su historia de violencia. Este documento, que integra el proceso, fue rellenado por la psicóloga y/o asistente social, funcionarias del servicio, durante la entrevista, para un acompañamiento psicosocial. El instrumento construido para colectar los datos contempló variables referentes a los aspectos demográficos (edad, color), socioeconómicos (estado civil, número de hijos, escolaridad, actividad remunerada, renta).
Para colectar los datos, se realizaron once visitas, previamente articuladas con la jueza, representante legal de la 1ª Vara de Violencia Doméstica y Familiar contra Mujer. Esta colecta ocurrió en el turno matutino, siendo realizada por una maestranda, con auxilio de graduandas y de otras postgraduandas integrantes del grupo de estudios, todas debidamente entrenadas.
El procesamiento de los datos se efectuó por medio de las distribuciones de las frecuencias, posibilitando la caracterización de las mujeres que experimentan la violencia conyugal. Los datos cuantitativos obtenidos fueron almacenados en planillas del programa Excel y analizados en el programa STATA, versión 11.0 (Stata Corp, College Station, TX, EUA).
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Pesquisas de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de la Bahía, con el protocolo n.º 877.905. se respetaron los aspectos éticos preconizados por la Resolución n.º 466/12 del Consejo Nacional de Salud, considerando los principios de la bioética: autonomía, no-maleficencia, beneficencia y justicia.
A partir del análisis de los 212 procesos de violencia conyugal registrados en el año de 2014 en la 1º Vara de Violencia Doméstica y Familiar contra Mujer, fue posible identificar aspectos demográficos y socioeconómicos de mujeres que experimentaron este fenómeno.
Se observó que la edad de las mujeres que componen la muestra del estudio varió de 22 a 79 años, con predominio de edad de 25 a 49 años, equivalente a 84,9% (Gráfico 1).
Respecto a la variable color de la piel, la mayoría de las mujeres se autodeclaró parda (43,3%), seguido por el color negro (32,55%), que, junto, representan la raza negra (75,85%), conforme define el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El porcentual de mujeres bancas fue 13,68%, y sin información, 10,38%.
Referente a la situación conyugal, la mayoría de las mujeres se declaró soltera, representando 46,7% del universo analizado (Gráfico 2).
Considerando el número de hijos, predomina la composición familiar de solo un hijo (43,87%), seguida de dos hijos (26,42%), de ningún hijo (13,68%), de tres hijos (12,74%) y de cuatro o más hijos (3,31%). Cuanto a la escolaridad, predominó la enseñanza media, seguida por la enseñanza superior (Gráfico 3).
La mayoría de las mujeres con experiencia de violência conyugal ejerce atividad remunerada (79,23%). Referente a la renta mensual de esas mujeres, hay una variación entre uno y más de cinco salarios mínimos, destacándose las que tienen rendimientos de hasta un salario (Gráfico 4).
A partir del análisis de los 212 procesos relacionados a la violencia conyugal registrados en 2014, se puede inferir que las mujeres con edades de 25 a 49 años son las que más recurren a los equipamientos de cuño jurídico-policial direccionados para la atención a la mujer en situación de violencia conyugal. Esto corresponde a lo identificado en una investigación realizada en Irak, que al analizar 800 fichas de mujeres atendidas en hospitales públicos en la ciudad de Erbil, reveló que la mayoría (67,1%) de las mujeres tenía edad entre 25 y 44 años (5).
Sin embargo, esto no significa que es con esas edades que las mujeres más sufren violencia. Tal vez sea ese el período de la vida en que ellas, después de varios intentos de contener las agresiones, deciden denunciar la violencia o que ellas comiencen a notarse en situación de violencia. El hecho de que el estudio no mencione a las mujeres de 18 a 21 años como denunciante o el bajo porcentual de mujeres con edad entre 22 y 24 años, puede estar relacionado justamente a esa no percepción de que están viviendo la violencia conyugal.
La dificultad de las mujeres para reconocer la violencia también fue mencionada en otros estudios(6), situación que acaba por favorecer la subnotificación del problema. Se observa, por tanto, la necesidad de estrategias que les permitan a las mujeres darse cuenta que viven en situación de violencia, y consecuentemente, noten la transgresión de la invisibilidad de ese fenómeno que permea las relaciones conyugales. Al ellas reconocer que viven en situación de violencia, la denuncia pasa a ser una gran posibilidad.
Vale destacar que aunque el hecho de denunciar sugiera comprensión femenina del contexto del crimen que permea la relación conyugal, algunas mujeres recurren a los equipamientos jurídico-policiales, para que ellos, con el poder de la ley, cesen la violencia experimentada.
Una investigación sobre el estigma de la violencia sufrida por mujeres en la relación con su pareja, realizada en la Región Nordeste de Brasil, revela que ellas esperan que la comisaría reprenda o aconseje a sus compañeros para que ellos cambien su comportamiento, de modo que se pueda anular la violencia en la relación conyugal(7). Además, un estudio realizado en la Región Sur de Brasil también corrobora que, al denunciar a sus agresores, las mujeres no desean incriminarlos ni divorciarse, sino impedir a reincidencia de la violencia para protegerse(8).
Se observa así, que al denunciar, la principal finalidad de las mujeres es una vida conyugal libre de violencia, y no necesariamente romper el vínculo con el compañero. No vislumbrar la separación como una posibilidad para romper el ciclo de violencia sugiere la influencia del modelo patriarcal hegemónico que permea la visión socialmente compartida del modelo de familia nuclear, del matrimonio indisoluble, del estigma de la mujer separada, de la ausencia de la figura paterna. Esas y otras concepciones sociales les imponen a las mujeres el papel de cuidar de la unidad familiar. Por eso, ellas continúan con sus cónyuges.
La fuerza de la cultura patriarcal permite comprender por qué las mujeres permanecen en una relación basada en la falta de respeto y en la violencia y el porqué de la perpetuación del comportamiento femenino de conformarse con la situación(9). Pesquisas señalan que, a pesar de ellas efectuar la denuncia, las mujeres deciden retomar la relación conyugal en función de sus hijos o debido a la creencia de transformación de los compañeros(8,9). La esperanza de que su pareja cambie también es mencionada en un estudio realizado en el estado de Ceará, Brasil(7). Otra justificativa para conservar la unión se relaciona al miedo de quedarse solas, sin la figura del marido(9). Esos elementos, basados en la construcción desigual entre los géneros, contribuyen para que las mujeres permanezcan en el ciclo de violencia.
Con el movimiento de mujeres, surgen cuestionamientos acerca de los papeles y a los atributos considerados inherentes a cada sexo. La violencia contra la mujer tiene sus raíces en la naturalización de la desigualdad entre los sexos, responsable por la visión social de inferioridad, sumisión y serventía de la mujer en relación al hombre. La creencia socialmente compartida de la superioridad masculina sobre la mujer, construida históricamente por la sociedad patriarcal, demuestra la necesidad de discutir mejor sobre la perspectiva de género(10). Entender el proceso de construcción social de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, tal vez sea el primer paso para que las mujeres se den cuenta cuando viven en situación de violencia y crean en la posibilidad de una vida libre de violencia.
A pesar de la importancia de las discusiones sobre la categoría género para aumentar la visibilidad social de la problemática de la violencia contra la mujer, incluso practicada por la propia mujer, debemos puntuar que solo hubo un fortalecimiento en la década de 1970. Eso nos lleva a inferir que las mujeres nacidas antes de esa década, a priori, tenían menos posibilidades de reconocerse en vivencia de violencia conyugal y de crear medios para salir de esa situación. Ese escenario permite entender la reducción acentuada de los porcentuales de denuncia de mujeres con más de 50 años de edad, nacidas cuando el modelo patriarcal no era cuestionable. Pero no se puede dejar de considerar que, incluso en la vejez, las mujeres busquen una vida libre de violencia, conforme evidencian las 14 ancianas requirentes en los procesos estudiados.
Independientemente de la edad, la mayoría de las mujeres en proceso en la 1ª Vara de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Salvador se autodeclaró negra. Considerando Salvador una ciudad predominantemente habitada por negros, con una población femenina representada por 78% del total de 1.426.759 millones de mujeres(11), no se puede concluir, solo con este estudio, que las negras sean las más vulnerables a sufrir violencia conyugal.
No obstante, un estudio realizado en el Sur de Brasil, en Porto Alegre, donde la población es predominantemente blanca, corrobora con mayor porcentaje de mujeres negras que iniciaron proceso en la justicia debido a la violencia en la relación conyugal(12). El Dossier “Mujeres Negras”, al retratar las condiciones de vida de la población negra femenina en Brasil, nos alerta para la interface entre la vulnerabilidad a la violencia y las desigualdades raciales y de género(13).
En relación al estado civil, llama atención que las solteras son quienes más denuncian. Un estudio realizado con 38.009 mujeres atendidas en Comisarías Especializadas de Atendimiento a la Mujer (DEAMs) de la región metropolitana de Rio de Janeiro, en Brasil, reveló una prevalencia de 50,3% de mujeres solteras(6).
Este porcentual muestra consonancia con los datos encontrados en este estudio, los cuales señalan que cerca de 50% de las mujeres son solteras, lo que representa casi el doble del porcentual de mujeres con unión estable, incluyendo las casadas. Estas, a su vez, son responsables por menos de un cuarto de las denuncias.
La dificultad de las mujeres con unión estable para denunciar a sus compañeros establece una relación con la valorización social de tener un marido y un matrimonio estable, considerados símbolos de verdaderas riquezas(14). Al no atender a este modelo impuesto por la sociedad, las mujeres son juzgadas, principalmente por no haber logrado mantener a la familia nuclear, única forma de composición familiar durante siglos. También existen resquicios del modelo de familia que tienen como base al hombre en la condición de jefe de la casa; la mujer, sumisa a él; y los hijos, obedientes a los padres(15).
Otra situación que puede estar asociada al menor porcentual de denuncia de mujeres casadas en relación a las solteras se refiere a la dependencia económica. Una investigación realizada por medio del análisis de 886 fichas de mujeres atendidas en un albergue que abriga temporariamente mujeres violentadas y que necesitan protección, en la capital de Paraná, Brasil, confirma que las casadas o las que tiene pareja de hecho se encuentran en un contexto de mayor dependencia financiera y dice que ese es uno de los factores que dificulta la denuncia de sus compañeros íntimos(16).
La dependencia económica, asociada a la falta de abrigo para sí y para sus hijos, también fue señalada en un estudio que define tres categorías representativas de los motivos relacionados a la permanencia de la mujer en la relación conyugal. La categoría “desamparo” consiste en la dependencia económica. La categoría “sentimentales” incluye el amor por el cónyuge y la esperanza de recomponer la familia y fue apuntada como asociada a la interrupción de la separación. Finalmente, la categoría “maternal” se relaciona al bienestar de los hijos y a la falta del padre que ellos sienten (17).
La preocupación con los hijos es posiblemente, una realidad para la gran mayoría de las mujeres que denunciaron a sus cónyuges en 2014, pues solo 13,68% declararon no tener hijos. En un estudio realizado con 64 mujeres que denunciaron la experiencia de violencia en un centro estadual de referencia y apoyo a la mujer (CERAM), en la ciudad de Fortaleza, Ceará, Brasil, se evidenció un porcentual bien más reducido de mujeres sin hijos: 3,2%(18). A pesar de que el estudio sugiere que las mujeres con hijos sean las que más denuncian, llama la atención que las pesquisas destaquen justamente lo contrario: tener hijos dificulta la denuncia(16,8).
Otro estudio, también realizado con mujeres en situación de violencia, revela que solo 10% de las agresiones sufridas son denunciadas y que, hijos, miedo, vergüenza y dependencia económica contribuyen para el silencio y para la permanencia en la relación(19). Ese escenario nos hace reflexionar acerca de los sub-registros, sugiriendo que el número de procesos que envuelven a las mujeres con hijos, ciertamente, no es representativo de las mujeres en vivencia de violencia.
En este sentido, la investigación demuestra una laguna que tiene que ser mejor estudiada en otros escenarios, y no solo los vinculados al sistema jurídico-policial, buscando como foco la vivencia de violencia, y no el registro del hecho.
Otra variable estudiada fue la escolaridad. Este estudio reveló mayor prevalencia de mujeres con por lo menos la enseñanza media concluida. A pesar del menor porcentual (53,7%), la Central de Atendimiento a la Mujer, por medio del disque denúncia-180, confirma que la mayoría de las mujeres tienen escolaridad superior al nivel medio(20). Entonces se puede deducir que, cuantos más años de estudio, mayor el conocimiento de la mujer acerca de sus derechos y por eso, tienen mayores chances de encontrar estrategias para romper con el ciclo de violencia, incluso a partir de la denuncia.
Aunque este estudio refiera la relación entre mayor escolaridad y vivencia de violencia, las diversas y consolidadas publicaciones indican lo contrario(5,18). Esa aparente contradicción nos alerta, más una vez, sobre la existencia de los sub-registros y sobre la necesidad de estudios con una muestra que no sea exclusivamente de mujeres que comunicaron el crimen en la comisarías, con el intuito de posibilitar, de hecho, la identificación de la asociación entre el grado de instrucción con la experiencia de violencia, y no con la denuncia.
Convergiendo con el porcentual de escolaridad, la mayoría (75%) de las mujeres establece vínculo laboral. No obstante, tener empleo no significa independencia económica, teniendo en cuenta que más de 60% de ellas reciben, en lo máximo, dos salarios mínimos. Esa situación financiera las deja vulnerables a una relación conyugal de dependencia económica que, muchas veces contribuye para la permanencia en el ciclo de la violencia. Un análisis de 4.478 boletines de ocurrencia registrados por mujeres víctimas de violencia mostró que 47,3% de ellas eran dependientes financieramente de sus compañeros. Tal situación perjudicaba la decisión de denuncia y favorecía la permanencia en la situación de violencia. En fin, mujeres con menor poder adquisitivo denuncian menos por depender económicamente de sus cónyuges, sobre todo en lo referente a su sustento y al de sus hijos(21).
La investigación de los procesos registrados en 2014 reveló que la denuncia de violencia conyugal es realizada, en su mayoría, por mujeres con edades entre 25 y 49 años, negras, solteras, madres, que concluyeron por lo menos la enseñanza media y que ejercen actividades remuneradas de hasta dos salarios mínimos. Tales hallazgos refieren que ese perfil de mujeres, ya están sensibilizadas para romper con el ciclo de violencia, siendo la denuncia una de las posibilidades. Para este público específico deben realizarse acciones que empoderen a las mujeres para que no desistan de luchar por una vida libre de violencia.
Vale llamar la atención, que la caracterización identificada no es representativa de las mujeres que experimentan violencia conyugal, y si, de las que denuncian el problema. Considerando el sub-registro de la violencia doméstica, se puede afirmar que el número de mujeres en situación de violencia conyugal en Salvador en el año de 2014 es mucho mayor que 212. Esta limitación de estudio destaca la necesidad de nuevas investigaciones con grupos poblacionales no específicos que permitan conocer, de hecho, los aspectos demográficos y socioeconómicos de mujeres que experimentan el fenómeno para poder orientar mejor las medidas de reconocimiento precoz del problema y las estrategias preventivas. Además de eso, se cree, que este tipo de estudio indicará el porcentual de mujeres que ya denunciaron su situación de violencia. Además, serán conocidas las semejanzas y las diferencias entre los grupos.
Llama la atención también que, entre las variables estudiadas, la mayoría presentó algún porcentual de requisitos no informados, a pesar de que en este estudio, no ultrapasó el 11%. El no/inadecuado rellenado de las preguntas de los instrumentos que alimentan el sistema de información da salud puede encubrir datos relevantes. Eso potencializa el riesgo de sesgo en el perfil epidemiológico y consecuentemente, el desarrollo de acciones preventivas equivocadas. Por lo tanto, existe la necesidad de orientar y acompañar a los profesionales responsables por el rellenado de los instrumentos de información cuyos datos, si fidedignos, direccionarán adecuadamente a las acciones para prevenir y enfrentar la violencia en determinado grupo vulnerable.
Todos los autores participaron de las fases de esa publicación en una o más etapas a continuación de acuerdo con las recomendaciones del International Committe of Medical Journal Editors (ICMJE, 2013): (a) participación substancial en la concepción o confección del manuscrito o de la recolecta, análisis o interpretación de los datos; (b) elaboración del trabajo o realización de la revisión crítica del contenido intelectual; (c) aprobación de la versión sometida. Todos los autores declaran para los debidos fines que es de su responsabilidad el contenido relacionado con todos los aspectos del manuscrito sometido al OBJN. Garantizan que las cuestiones relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte del artículo fueron debidamente investigadas y resueltas. Eximiendo por lo tanto el OBJN de cualquier participación solidaria en eventuales procesos judiciales sobre la materia en aprecio. Todos los autores declaran que no poseen conflicto de intereses, de orden financiera o de relacionamiento, que influencie la redacción y/o interpretación de los resultados. Esa declaración fue firmada digitalmente por todos los autores conforme recomendación del ICMJE cuyo modelo está disponible en http://www.objnursing.uff.br/normas/DUDE_final_13-06-2013.pdf
Recibido: 08/10/2015 Revisado: 03/08/2016 Aprobado: 15/08/2016